PRESIDENTA BACHELET FIRMA EL PROYECTO DE “LEY EMILIA”

0
803

El Proyecto de Ley sanciona la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves y aumenta las penas actuales para el caso de conducción en estado de ebriedad, cuando se ocasionan lesiones graves, gravísimas o la muerte de terceros. Y además, crea un nuevo delito en los casos donde se produce la huida del lugar, la reincidencia de conducir bajo efectos del alcohol o para los que trabajan trasportando personas.

 

Emilia Silva Figueroa era una pequeña de tan sólo 9 meses cuando repentinamente un sujeto en estado de ebriedad identificado como Nelson Fariña, le quitó la vida. El conductor cuya alcoholemia arrojó 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, tras su audiencia, quedó en libertad.

Desde ese día, los padres de Emilia, con mucha impotencia y desolación, iniciaron una cruzada para dar mayor rigurosidad a este tipo de delito y evitar más muertes como la de su hija.

A casi un año y medio de aquel fatal día, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó junto a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, y de Justicia, José Antonio Gómez, el Proyecto de Ley que modifica la actual ley de tránsito, fortaleciendo las acciones contra el consumo de alcohol en la conducción de vehículos motorizados.

La “Ley Emilia”, como se le conoce a este proyecto, reforzará la campaña nacional contra el alcohol en la conducción, pues como ya es sabido, según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito –CONASET-, la conducción bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad son los principales factores contribuyentes de accidentes fatales, ya que además de aumentar la probabilidad de que se produzcan, actúan como factores agravantes en todos ellos. De hecho, el alcohol está presente en, aproximadamente, el 20% de los accidentes fatales y el 40% de los accidentes con resultado de muerte, tiene como uno de sus factores principales el exceso de velocidad.

El Gobierno adhiriendo al llamado de la ONU de diseñar un plan de acción tendiente a disminuir las cifras de fallecidos en siniestros de tránsito, envía este proyecto, considerando que en nuestro país en promedio mueren 5 personas diariamente por este motivo. Al respecto, la Jefa de Estado indicó que “Chile necesita penas que se condigan con la gravedad del delito y necesita, también, que esas penas puedan tener efecto disuasivo real”.

Y añadió que “no se trata de ensañarse con quienes imprudentemente se exponen a sí mismos y a los otros a sufrir un accidente grave. Se trata, sencillamente, de que las penas sean proporcionales al daño causado y de ajustar nuestra normativa para evitar más muertes por causa del alcohol en la conducción”.

Al referirse al sentido de la iniciativa, la Presidenta dijo que “no es justo que la irresponsabilidad de algunos, que afecta a inocentes, no tenga una pena adecuada en nuestra legislación. Además, es urgente tomar medidas que apunten a una mejor seguridad vial, porque lo que está en juego es la salud y la vida de las personas”.

“Sabemos que este proyecto viene a llenar un vacío importante en nuestra legislación y muy doloroso para muchas familias chilenas”, expresó la Mandataria y agregó que es “un vacío legal que hace posible que haya en Chile personas que causen lesiones graves e incluso la muerte de inocentes por conducir en estado de ebriedad, y reciban penas que son irrelevantes”.

El proyecto aumenta las penas actuales para el caso de conducción en estado de ebriedad, cuando se ocasionan lesiones graves, gravísimas o la muerte de terceros. Se mantiene el piso de 3 años y un día, pero se aumenta el techo a penas desde 5 años y un día, hasta 10 años.

Por último, se crea un nuevo delito calificado en los casos donde se produce la huida del lugar, la reincidencia de conducir bajo efectos del alcohol o en los casos de las personas que trabajan transportando personas. En estos casos, se aplicará la pena desde los 5 años y un día, a los 10 años. Y se introducen nuevas reglas para la determinación de lo que se conoce como circunstancias “atenuantes” y “no agravantes”, evitando que se dicten sanciones más bajas que el mínimo de 3 años y un día.

Dejar respuesta